Según el IEC N.° 95 de Capeco, el PBI de la construcción cerraría 2025 con hasta 4.9% de crecimiento, antes de moderarse en 2026.
Durante la presentación del Informe Económico de la Construcción N.° 95, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) presentó un balance optimista pero prudente sobre el sector. Según explicó su Vicepresidente Ejecutivo, Guido Valdivia, después de una importante subida de 10.2% del PBI de la construcción en setiembre, el sector también habría crecido en octubre, aunque a una tasa menor, de 4.8%.
«Este avance se da pese a una fuerte contracción de la ejecución de obra pública de 9.6%, la peor desde agosto de 2023. Con el resultado del décimo mes del año, la actividad constructora acumularía seis meses consecutivos en terreno positivo y alcanzaría un crecimiento de 5.5% entre enero y octubre. Este desempeño se explica por el impulso del consumo de cemento, que subió 6.1%, y por el avance de la obra estatal, que habría crecido 3.5%», indicó Valdivia.
Para el cierre de 2025, Capeco considera que el producto sectorial podría superar las proyecciones anteriores. Para alcanzar el 4.5% previsto en la edición previa del IEC, bastaría un aumento de 0.4% en el último bimestre. Sin embargo, para terminar el año con un crecimiento de 4.9%, como estimaban los empresarios de la construcción encuestados por el gremio, sería necesario llegar a una expansión de 2.4% en noviembre y diciembre.
Inversión pública en infraestructura y riesgos para 2026
La construcción estatal ha venido ralentizando su ritmo de crecimiento. Entre enero y octubre se ejecutó el 59.3% de los recursos de inversión presupuestados para 2025, casi 1 punto porcentual menos que en el mismo periodo de 2024. De mantenerse esta tendencia, al cierre del año se dejarían de invertir S/ 19,300 millones.
«En los diez primeros meses, municipalidades y gobiernos regionales elevaron sus niveles de ejecución en 10.1% y 9.3%, respectivamente. En contraste, las inversiones del gobierno nacional registraron una contracción de 2.4%. Esta retracción se atribuye, al menos parcialmente, a una mala asignación de recursos entre los programas de inversión. La ANIN prácticamente ejecutó la totalidad de su presupuesto en octubre, situación que se replicaría antes de fin de año en la ATU y el PRONIS. En cambio, PRONIED solo llegaría a 62% de ejecución, mientras que Agua Segura, PSI y PNSR terminarían el año sin invertir el 20% restante de sus presupuestos», precisó Valdivia.
Para 2026, el panorama se vuelve más desafiante. Se espera una ralentización del PBI de la construcción a 2.8%, con una inversión pública que crecería apenas 2.4% y una inversión privada de 3.5%. El Presupuesto General de la República contempla una reducción de 13% en los recursos destinados a inversión. Esto incluye una contracción cercana a 30% en los subsidios de vivienda. Esto impactará directamente en la dinámica del mercado residencial y en la oferta de vivienda social.
Conclusiones del gremio
Capeco advierte que esta reducción responde al objetivo de disminuir el déficit fiscal, pero considera que no se apoya en una priorización adecuada de programas y partidas. Además, la confianza de inversionistas y ciudadanos se ve afectada por el populismo congresal, la incertidumbre asociada a las elecciones y la inseguridad jurídica en procesos de APP y concesiones. Esto debido a la interferencia judicial en controversias que deberían resolverse en fueros arbitrales internacionales.
En esta edición del IEC, el gremio demanda una acción más proactiva del MVCS para redefinir los programas habitacionales y alinearlos con la demanda real. También plantea un mayor compromiso de las municipalidades para promover proyectos residenciales y ejercer de manera adecuada sus funciones de planificación y control urbano.
Por el lado de la infraestructura, Capeco reitera la importancia de fortalecer las APP y el mecanismo de Obras por Impuestos. Además, de restringir los acuerdos gobierno a gobierno a proyectos de alta complejidad técnica, conforme a la nueva Ley de Contrataciones Públicas. Finalmente, considera prioritario acelerar la adhesión del Perú a la OCDE y atender sus recomendaciones. Esto con el fin de recuperar la confianza en las perspectivas del país, atraer inversiones, mejorar la competitividad y generar bienestar social.