La Contraloría evidenció irregularidades en Viviendas de Interés Social, con exceso de altura, precios fuera de tope y licencias deficientes.
Un reportaje reveló que la Contraloría General de la República identificó vacíos normativos aprovechados para construir sobre límites y evadir los requisitos de las Viviendas de Interés Social (VIS). Auditores detectaron irregularidades en proyectos VIS en 20 distritos de Lima, con licencias aprobadas pese a incumplimientos legales y técnicos graves persistentes.
Según Cuarto Poder, 6 de cada 10 edificaciones inspeccionadas no superaron revisiones técnicas, evidenciando fallas estructurales, incumplimientos urbanísticos y deficiencias documentarias preocupantes.
La irregularidad más evidente fue el exceso de altura permitida, con edificios proyectados por encima de parámetros municipales vigentes para zonas específicas. En San Isidro se proyectó un edificio con 28 pisos, pese a límite permitido de 10, generando controversias vecinales y requerimientos correctivos. También se reportaron casos con 14 pisos adicionales, amparados en calificaciones VIS, que contravienen normas urbanísticas y afectan integridad del planeamiento distrital.
Precio tope VIS y requisitos
Otra irregularidad fue incumplir el precio tope VIS, ofreciendo departamentos de 43 m² en S/ 391,000, por encima del máximo S/ 160,000. La Contraloría advirtió déficit de estacionamientos, autorizándose 50% del mínimo requerido, sin espacios para visitas, afectando movilidad, seguridad y habitabilidad del entorno.
El reporte indicó que 28 solicitudes de proyectos VIS siguen evaluación o construcción en San Isidro, avanzando mientras procesos judiciales permanecen irresueltos.
Evasión de sanciones y acciones municipales
El Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de San Isidro, José Alberto Danós, señaló transferencias de propiedad a empresas para eludir medidas cautelares aplicables. Consultado sobre procesos de nulidad vigentes, precisó 10 expedientes reconocidos por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico, en evaluación administrativa correspondiente.
Esta práctica pretende desligar responsabilidades y continuar ventas, trasladando el riesgo a compradores de buena fe mientras inspecciones técnicas y litigios avanzan. Especialistas recomiendan auditoría concurrente, suspensión de conformidades de obra, sanciones efectivas y demolición parcial de excedentes, de cerrar vacíos normativos aprovechados reiteradamente.
Asimismo, urge publicar trazabilidad de expedientes, transparentar precios, alturas y estacionamientos, fortalecer fiscalización municipal y alinear criterios para viviendas de interés social.