También acusó de difamación pública al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y otras autoridades, que incluyó ataques en medios y redes sociales.
La empresa canadiense Brookfield informó que su subsidiaria Rutas de Lima iniciará un proceso de disolución y liquidación, tras considerar que la continuidad del proyecto se ha tornado inviable debido a una serie de medidas que califica como arbitrarias, abusivas y violatorias del marco legal e institucional por parte de diversas entidades del Estado peruano.
En un comunicado emitido este martes, Brookfield explicó que la Junta General de Accionistas de Rutas de Lima se vio forzada a aprobar dicha medida el pasado 29 de septiembre. La empresa sostiene que ha sido objeto de un “hostigamiento sostenido” que incluye decisiones judiciales, administrativas y acciones políticas que, en conjunto, han afectado profundamente la sostenibilidad del proyecto.
Entre los principales hechos que Brookfield atribuye al Estado peruano figuran:
- La sentencia del Tribunal Constitucional que suspendió el cobro de peajes en la Unidad de Peaje Chillón, provocando una pérdida de más del 50 % en los ingresos de la empresa.
- Una segunda decisión judicial que suspendió el cobro en el peaje de Conchán, incrementando la caída de ingresos a más del 60 %.
- La toma indebida del Tramo Ramiro Prialé, lo que impidió la construcción y operación de esa vía, pese a inversiones superiores a S/ 500 millones.
- El rechazo a ejecutar laudos arbitrales internacionales favorables a Rutas de Lima, por más de S/ 700 millones, confirmados incluso por la justicia federal de Estados Unidos.
- Decenas de procesos judiciales, hábeas corpus, medidas cautelares y penales promovidos, según la empresa, con el fin de anular la concesión y cancelar sus ingresos.
- Una campaña de hostigamiento y difamación pública liderada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y otras autoridades, que incluyó ataques en medios y redes sociales.
- Penalizaciones consideradas exorbitantes y procesos sancionadores contra Rutas de Lima y sus accionistas.
- La inacción de entidades estatales frente a estos hechos durante más de una década de operaciones de Brookfield en el país.
A pesar del escenario adverso, Brookfield asegura haber cumplido con sus compromisos contractuales y haber invertido más de S/ 3,300 millones en infraestructura vial para Lima. También afirma que los ingresos percibidos fueron íntegramente reinvertidos en mantenimiento, operación y pago de obligaciones de la concesión.
La empresa afirma que la serie de actos del Estado ha provocado una pérdida total del valor de su inversión. “El valor patrimonial de la empresa se ha deteriorado a tal punto que la Junta de Accionistas se ha visto en la necesidad de adoptar una decisión drástica para proteger sus derechos”, señala el comunicado.
Desde la perspectiva de Brookfield, lo ocurrido constituye una expropiación indebida de su inversión en el Perú. Pese a los reclamos y a los laudos a su favor, acusa que el Estado no ha tomado medidas para remediar la situación, enviando así una señal de inseguridad jurídica para otros inversionistas extranjeros.
Ben Vaughan, Chief Operating Officer de Brookfield Infrastructure Group, declaró:
“La disolución de Rutas de Lima es consecuencia directa de las acciones del Estado peruano, que han destruido el valor de nuestro activo sin consideración alguna por la seguridad jurídica. El Perú asegura buscar atraer inversión extranjera, pero el trato que ha otorgado a Brookfield envía el mensaje contrario”.
Finalmente, la empresa anunció que ha iniciado un arbitraje internacional contra el Estado peruano amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá, y que se reserva el derecho de reclamar por las violaciones continuas del Estado y por la “destrucción de su inversión”.