Los gremios advierten que el actual modelo de control genera sobrecostos y baja efectividad; proponen adoptar un esquema preventivo y focalizado.
La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lima y la Asociación Peruana de Consultoría (APC) solicitaron al Congreso de la República no aprobar la modificación a la Ley N.° 31358, conocida como “Ley del Control Concurrente”.
Según los gremios, este modelo ha demostrado ser ineficaz y costoso para el país, pues entre 2022 y 2024 generó un gasto superior a S/ 1,600 millones, con una baja efectividad: solo el 37.6% de las observaciones fueron corregidas, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República (CGR).
Principales cuestionamientos
- Contratación de miles de personas sin la experiencia necesaria, lo que incrementa costos administrativos y afecta la calidad del control.
- Sobrecostos y pérdida de eficiencia en la ejecución de obras públicas.
- Paralización de numerosos proyectos debido a las múltiples modificaciones legales y expansión indiscriminada del modelo.
Propuesta alternativa
Las instituciones respaldaron la iniciativa de la Contraloría de implementar un modelo preventivo y focalizado, financiado con recursos ordinarios, que permita:
- Anticipar riesgos en proyectos de infraestructura pública.
- Optimizar la supervisión de grandes obras.
- Aplicar mecanismos de corrección efectivos.
Los gremios instaron al Parlamento a apoyar la implementación de este nuevo sistema de control, que consideran un salto cualitativo hacia una fiscalización moderna, estratégica y transparente.
“El objetivo es cautelar el uso responsable de los recursos del Estado en beneficio de todos los peruanos”, enfatizaron.