El expresidente es acusado de recibir sobornos de empresas constructoras cuando era gobernador de Moquegua. La fiscalía solicita 15 años de prisión.
El juicio oral contra Martín Vizcarra por presuntas coimas relacionadas con las obras “Lomas de Ilo” y “Hospital de Moquegua” continuará el lunes 29 de abril. Las audiencias están programadas para el 5 y el 12 de mayo, según lo anunciado por la jueza Fernanda Ayasta.
Durante la audiencia del 29 de abril se presentará el ingeniero perito Santos Alejandro Camarena Ames. Su exposición se desarrollará de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado.
En caso no concluya ese día, continuará el lunes 5 de mayo entre las 9:00 a.m. y las 12:00 p.m. Ese mismo día se espera la declaración de testigos clave, y el lunes 12 de mayo asistirán de forma presencial los peritos contables Hebert David Jara Morales y Bruno Héctor Barzola Márquez.
Delitos imputados
El Ministerio Público acusa al expresidente Martín Vizcarra de haber recibido S/ 2.3 millones en sobornos de empresas constructoras cuando era gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014. Estas compañías habrían sido beneficiadas con licitaciones públicas a cambio de los pagos.
Por estos hechos, la fiscalía ha solicitado una condena de 15 años de prisión. Entre los testigos figuran empresarios y exfuncionarios que se han acogido a la colaboración eficaz, aportando información clave para sustentar la acusación.
Por otro lado, Vizcarra también enfrenta una denuncia constitucional por presunta colusión agravada en la compra de pruebas rápidas durante la emergencia por COVID-19. La fiscalía sostiene que su gobierno habría ocasionado un perjuicio al Estado de más de S/22 millones al favorecer a dos empresas proveedoras.
La denuncia señala que se creó un proceso de contratación no previsto y que las autorizaciones para importar los test se otorgaron rápidamente, justo antes de una reunión clave el 18 de marzo de 2020. En esa cita participaron Vizcarra, la Ministra de Economía María Antonieta Alva y otros funcionarios, lo que refuerza la hipótesis fiscal.
Reactivación del caso
A pesar de que parte de esta investigación fue archivada en 2024, nuevos informes periciales y testimonios han motivado la reactivación del caso. La fiscal Delia Espinoza presentó evidencia que demostraría un direccionamiento de la contratación, infringiendo las normas del sistema público de adquisiciones.
Martín Vizcarra ha rechazado todas las imputaciones en su contra. Mientras tanto, permanece inhabilitado por diez años para ejercer cargos públicos, una sanción impuesta por el Congreso y confirmada por el Poder Judicial en 2024.
La defensa del expresidente sostiene que no hubo colusión ni omisión de deberes, y que las decisiones tomadas durante la pandemia respondieron a la urgencia del contexto sanitario. La continuidad del juicio oral y la nueva denuncia constitucional marcarán los próximos capítulos de un proceso legal que sigue sumando repercusiones políticas y judiciales.