Brookfield denuncia a Perú ante el Ciadi y exige una compensación millonaria por pérdidas en la concesión de Rutas de Lima.
Brookfield, gestor de fondos de inversión, presentó el 12 de marzo de 2025 una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). La demanda se basa en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú.
Ben Vaughan, Gerente Global de operaciones del Grupo de Infraestructura de Brookfield, expresó su preocupación por el trato recibido. «Durante muchos años, Brookfield ha invertido con entusiasmo en el Perú, pero nuestra confianza se ha visto quebrantada», señaló. Además, criticó la expropiación de tramos concesionados y la suspensión del cobro de peajes.
Brookfield busca la restitución del valor de su inversión. «Estamos confiados en que este proceso arbitral nos permitirá recibir un resarcimiento pleno», indicó Vaughan. La empresa recuerda que tribunales internacionales y una corte en EE.UU. han ordenado pagos por más de US$ 200 millones a Rutas de Lima, pero la Municipalidad de Lima no ha cumplido con estas obligaciones.
Base legal y argumentos de las partes
Según Alexander Montenegro, abogado de Monroy & Shima Abogados, el arbitraje se fundamenta en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú. Esto otorga a Brookfield la condición de inversor extranjero protegido. Además, podría buscar respaldo diplomático para fortalecer su posición.
Por su parte, la Municipalidad de Lima justifica la suspensión del peaje de Puente Piedra en un fallo del Tribunal Constitucional. Dicho fallo busca garantizar la libertad de tránsito y atender posibles irregularidades en la concesión del peaje.
El municipio argumenta que su decisión tiene sustento constitucional y legal dentro del ordenamiento peruano. Sin embargo, Brookfield sostiene que se han vulnerado principios de seguridad jurídica y estado de derecho.
Consecuencias económicas y posibles escenarios
El Perú es signatario de la Convención de Nueva York de 1958, lo que implica que un fallo favorable a Brookfield obligaría al Estado peruano a cumplirlo. En ese caso, la empresa podría solicitar embargos de activos peruanos en el extranjero, incluyendo pagos de bonos soberanos.
Según Montenegro, el arbitraje podría extenderse por varios años. Mientras tanto, el peaje de Puente Piedra seguirá suspendido, salvo que el Ciadi emita una medida cautelar para su reactivación.
En términos económicos, una derrota en el arbitraje podría costarle al Perú hasta US$ 2,700 millones, equivalente al 0.5% del PBI. Esto afectaría las finanzas públicas y la calificación crediticia del país.
Como alternativa, Montenegro señala que renegociar el contrato podría evitar costos adicionales y prolongados litigios. No obstante, cualquier decisión dependerá de la estrategia legal y financiera que adopten el Estado peruano y Brookfield en los próximos años.