Analizarán soluciones a controversias surgidas en ejecución de obras públicas.
En el Perú existen 1,746 obras públicas paralizadas por más de 22.000 millones de soles, según la Contraloría General de la Repúlbica, y con un nuevo modelo estratégico, que será afinado por expertos profesionales de diversas ramas del saber, se espera poner fin a la paralización de obras públicas y terminar con el triste espectáculo de proyectos de infraestructura convertidos en “elefantes blancos” en distintas partes del país.
Se trata de la Junta de Resolución de Disputas (JRD), cuya aplicación es obligatoria en los contratos de obras públicas mayores a 20 millones de soles desde su implementación en enero del año 2020. Este mecanismo, desde su vigencia, ha permitido destrabar proyectos de infraestructura en tan solo 90 días, en contraste con lo que sucedía con el sistema de arbitraje que demora 4 años, encareciendo el costo de las obras y originando pérdidas de miles de millones de soles.
“Este es un logro valioso para solucionar los problemas de paralización de obras públicas que tanto requiere la población y la modernización del país”, ponderó el presidente de la Asociación Peruana de Consultoría (APC), ing. Elías Tapia.
Hizo ver que la función de la JRD es solucionar controversias que puedan surgir durante la ejecución de la obra, casi en tiempo real, pues es un mecanismo rápido, certero y eficaz. El arbitraje, enfatizó, ha colapsado y es por eso que se implementó el nuevo sistema en la Ley de Contrataciones del Estado.
Recalcó que la Junta de Resolución de Disputas facilita la continuidad de la obra para que no tengamos proyectos de construcción de hospitales, carreteras y colegios paralizados por años.
Tapia Julca dijo que por todas esas consideraciones la APC y la Escuela de Construcción Digital promueven la realización del Primer Congreso Nacional de Junta de Resoluciones de Disputas de Obras Públicas, a realizarse el 17 de junio próximo en el Centro de Convenciones del Colegio de Ingenieros del Perú, con el fin de profundizar el estudio y debate de dicha norma, que ha permitido flexibilizar y destrabar proyectos de infraestructura a nivel de ejecución de obras.
Durante el congreso, un panel de expertos analizará y propondrá soluciones para optimizar este mecanismo. Todos los aportes serán remitidos a las autoridades tanto del Legislativo como del Ejecutivo para realizar las mejoras necesarias.