Con esta medida, la Municipalidad de Lima busca reconstruir el flujo de fondos correspondiente al periodo 2013-2016 -que coincide con la operatividad de Odebrecht y la adquisición de la participación mayoritaria de Brookfield en la concesión- a fin de identificar posibles pagos indebidos, transferencias sospechosas o movimientos irregulares vinculados al contrato.
La Municipalidad de Lima informó que la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York emitió una de las órdenes de discovery más amplias en la historia judicial de Estados Unidos, en el marco de la investigación sobre el origen y financiamiento de la concesión Rutas de Lima.
Esta decisión permite al Estado peruano requerir información financiera en territorio estadounidense mediante citaciones a registros bancarios y de compensación pertenecientes a Brookfield Asset Management, Scotiabank, KPMG, diversos bancos internacionales, así como al sistema de compensación CHIPS y al Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
Con esta medida, la comuna limeña busca reconstruir el flujo de fondos correspondiente al periodo 2013-2016 -que coincide con la operatividad de Odebrecht y la adquisición de la participación mayoritaria de Brookfield en la concesión- a fin de identificar posibles pagos indebidos, transferencias sospechosas o movimientos irregulares vinculados al contrato. Se trata de un acceso inédito dentro de una investigación anticorrupción en el Perú.
La corte federal sustentó su decisión en la urgencia derivada del proceso penal en curso contra la exalcaldesa Susana Villarán y reconoció el interés público legítimo en obtener información bancaria esencial.
Las órdenes de discovery, contempladas en el sistema judicial estadounidense desde 1938, permiten la recolección formal de evidencia conforme a las reglas federales, garantizando que ambas partes puedan sustentar sus alegatos con documentación y testimonios durante el litigio.
Importante avance
Wilber Medina, Abogado de la Municipalidad de Lima, señaló a Perú Construye que esta decisión por parte de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York es un paso importante en el litigio que existe entre la comuna edil y la concesionaria Rutas de Lima.
“Se pidió un discovery, es decir una figura mediante la cual la municipalidad solicita al juez americano, que le permita ordenar a Brookfield que levante su información interna antes, durante y después de la fecha en que compró el paquete de acciones de Rutas de Lima, para ver si actuó con la debida diligencia. ¿Qué significa esto? Determinar si tomó las precauciones necesarias para asegurarse de que lo que adquiría no era un activo de origen ilícito”.
Agregó que esta decisión se dio después de muchas trabas y barreras que se presentaron. “Ya el juez aceptó esta figura, después de un año, más o menos, de idas y vueltas, y ha dicho: ‘Ok, Brookfield, levanta tu información interna’”.
Sostuvo que dicha empresa, una vez notificada, se puede oponer. “El juez tiene dos opciones: si acoge y rechaza la oposición de Brookfield, pasamos a que ellos levanten la información; pero puede ocurrir lo otro, que le dé la razón y, por lo tanto, eso no ocurra. Yo calculo que en diciembre o enero deberíamos saber si se rechaza o no la oposición”.
Si se levanta la información, manifestó, habría tres tipos de resultados. “Primero, que se demuestre que sabiendo que era de origen ilícito, compró el activo. Sería lo mejor, pues facilitaría al Estado a enfrentar la nulidad del contrato y la empresa pierde el derecho de ser tercero de buena fe. Segundo escenario: que se encuentre alguna información, pero nada relevante. Y puede pasar lo tercero: que todo lo que se halle, al contrario, fortalezca que sí actuaron de buena fe, que tomaron todas las precauciones y no hubo ninguna evidencia”.
Reiteró, sin embargo, que el tener acceso a la información es un hecho muy relevante, porque nunca en la historia nadie había generado esta figura, por parte del Perú, en el exterior. “Es algo inédito. Pero ¿basta solo eso? ¿Con eso ganamos? No. Vamos a ganar cuando encontremos evidencias objetivas que demuestren que Brookfield compró el activo sabiendo que era de origen ilícito. Si encontramos eso, ganamos todo”.
Respecto al arbitraje internacional interpuesto en marzo por Brookfield contra el Estado peruano exigiendo más de US$ 2,700 millones, Medina refirió que eso continúa su proceso. “Sin embargo, si encontramos evidencia de que actuaron de mala fe, se caería todo”, finalizó.