Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la próxima semana un nuevo pedido de facultades legislativas, el cual será remitido posteriormente al Congreso de la República. De acuerdo con información dada a conocer por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la solicitud incorporará dos decretos legislativos orientados a la simplificación de procedimientos administrativos.
Tras su anuncio en junio último, el Consejo de Ministros aprobará la próxima semana un nuevo pedido de facultades legislativas que, posteriormente, será enviado al Congreso de la República. Dentro de esta solicitud, se incluirán dos decretos legislativos vinculados a la simplificación de procedimientos, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En el marco de una reunión de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), el ministro del MEF, Raúl Pérez Reyes, precisó que estas medidas se centrarán en la agilización de trámites en áreas clave como los temas ambientales, arqueológicos y municipales.
“La idea es ‘adelgazar’ los procedimientos y hemos generado un consenso con (los ministerios de) Ambiente y Cultura sobre este tema. No va a ser tan complejo el proceso de aprobación. Ya tenemos la norma casi lista, estamos validando con los actores privados algunos detalles para luego hacer ese mismo proceso con los ministerios”, comentó.
¿De qué tratarán estos cambios?
El titular del MEF detalló que, actualmente, varios procedimientos tienen “silencio administrativo negativo”, por lo que la idea será pasarlos a “silencio administrativo positivo”.
Si se concreta este cambio, si una entidad no emite una respuesta en el plazo determinado, el trámite se considerará automáticamente aprobado, eliminando largos tiempos de espera.
Asimismo, se plantea la creación de la “opinión técnica positiva”, una medida diseñada para entidades como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) o el Servicio de Parques de Lima (Serpar), que suelen demorar excesivamente en emitir sus pronunciamientos.
“Si en un plazo determinado tú no has opinado sobre el tema, se entiende que tu opinión es positiva. Las entidades se pueden tomar la vida opinando sobre un proyecto, si tiene un plazo de 30 días, parece que fuera 30 meses. Se toman muchos plazos”, resaltó.
Incluso, en el caso de algunos procedimientos que están menos estandarizados, se buscará convertirlos en procesos de aprobación automática.
“Esto significa que una vez que llegas a la ventanilla con los requisitos que están exigidos por el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), simplemente, la persona que recibe (los documentos) verifica el cumplimiento de los 5, 8 o 10 requisitos y, una vez que pone el sello, ese procedimiento está aprobado automáticamente”, precisó.
El ministro puso como ejemplo la experiencia exitosa con las antenas de telefonía móvil, donde, una vez presentados los requisitos exigidos, el procedimiento se aprueba de forma inmediata. A pesar de la resistencia municipal en este tipo de medidas, aseguró que este modelo ha demostrado ser eficiente.
De esta manera, Pérez Reyes subrayó que estas iniciativas están diseñadas para abordar las oportunidades de mejora en los procesos que impiden el avance de la infraestructura, y lamentó que, en la práctica, la burocracia invente mecanismos, resultando en una serie de informes que prolongan las decisiones en proyectos por años.
Estas medidas que se plantearán ante el Congreso, añadió, no tendrían efecto para este Gobierno, sino que se esperaría impacten en las siguientes gestiones.