La Comisión de Economía del Congreso aprobó la inhabilitación definitiva de empresas y personas que cometan actos de corrupción o abandonen obras públicas sin justificación.
Con 15 votos a favor y 4 abstenciones, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 11090 y 11510, que propone modificar las Leyes 30424 y 32069. Esta iniciativa busca inhabilitar de manera definitiva a las empresas, tanto nacionales como extranjeras, implicadas en delitos de corrupción o que abandonen ilegal o injustificadamente obras públicas.
Según el dictamen elaborado bajo la presidencia del congresista Ilich López Ureña (Acción Popular), las sanciones incluyen:
- Suspensión de actividades entre 6 meses y 2 años.
- Prohibición de continuar en las mismas actividades en caso de sentencia penal firme.
- Registro de inhabilitación para contratar con el Estado.
Esta medida busca erradicar prácticas que afectan la inversión pública y el desarrollo de infraestructura, promoviendo una gestión más transparente y eficiente.
Supervisión de obras públicas: nuevo registro y sanciones
También se aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 1429, con 15 votos a favor, 4 en contra y una abstención, que regula las funciones y sanciones de los supervisores de obras públicas. Se establece la creación de:
- El Registro de Supervisores y Proyectistas
- El Registro de Control de Garantías
Ambos registros estarán a cargo de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y permitirán mejorar la fiscalización en la ejecución de obras públicas, así como prevenir el abandono de proyectos por negligencia o mala gestión de los supervisores.
Concurso público obligatorio para directivos de empresas estatales
La comisión también aprobó, con 14 votos a favor, 4 en contra y una abstención, el dictamen del Proyecto de Ley 3064, que exige que todos los puestos de confianza en las empresas del Estado bajo el ámbito del FONAFE sean ocupados solo a través de concurso público de méritos.
La norma:
- Prohíbe la designación directa de personal en cargos de confianza sin concurso.
- Limita los nombramientos por encargo en dichos puestos.
Esta medida apunta a profesionalizar la gestión pública, evitar designaciones políticas y garantizar que los cargos clave sean ocupados por personas con la formación y experiencia requeridas.