Competitividad en infraestructura: Perú ocupa el puesto 63 de 67 por baja ejecución de obras y trabas normativas

Infraestructura en Perú                     
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Conoce los retos actuales y propuestas del Consejo Privado de Competitividad para revertir esta tendencia en el sector infraestructura del Perú.

El Perú ha descendido tres posiciones en el Ranking de Competitividad Mundial 2024, elaborado por el IMD World Competitiveness Booklet. Este ranking compara 67 países y posiciona al Perú en el puesto 63, por debajo de sus pares regionales en el indicador de infraestructura, uno de los factores clave para la productividad nacional.

Esta caída fue revelada en el Informe de Competitividad 2024-2025, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC). El documento presenta 143 propuestas de política pública centradas en 11 factores esenciales, entre ellos infraestructura, eficiencia estatal y desarrollo digital. De ese total, 93 propuestas ya fueron consideradas en políticas actuales, mientras que 9 son nuevas iniciativas orientadas a dinamizar la inversión y el crecimiento sostenible.

APP lentas y duplicidad normativa: barreras al desarrollo

A pesar del repunte en los montos adjudicados a través de Asociaciones Público Privadas (APP), los procesos siguen siendo demasiado largos. Los últimos 15 contratos adjudicados bajo el marco legal actual tardaron 58 meses en concretarse, casi el triple que los adjudicados bajo el Decreto Legislativo 1012, que requerían solo 20 meses.

La actual normativa exige que las APP cofinanciadas se formulen mediante Invierte.pe, elaborando un estudio de preinversión a nivel de perfil. Sin embargo, más del 75% del contenido se repite entre ese estudio y el Informe de Evaluación (IE), generando demoras y redundancias innecesarias.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), además, emite opinión en dos fases del proceso: Formulación y Estructuración. Este exceso de revisión no agiliza los proyectos, sino que ralentiza su ejecución.

Proyectos inacabados y costos que se desbordan

Entre 2019 y 2024, se asignaron Presupuestos Iniciales Modificados (PIM) a más de 83 mil nuevos proyectos, pero más de 10 mil proyectos por año son descontinuados al siguiente año. Solo en 2024, 12.012 proyectos fueron eliminados del presupuesto.

Los problemas no terminan allí. En un análisis de 25 grandes proyectos culminados en 2023, se detectaron desviaciones de costos de hasta 43% respecto al expediente técnico. A nivel nacional, un preocupante 26,7% de inversiones activas muestra sobrecostos superiores al 30%.

La falta de cierre de proyectos es otro gran problema. De los más de 140 mil proyectos iniciados entre 2012 y 2020, solo el 13% cuenta con formato de cierre y alto avance financiero. Además, en 2024, 3.026 proyectos con más del 95% de avance ejecutaron recursos en miles de intervenciones bajo el concepto de Supervisión y Liquidación, representando S/100 millones del gasto total.



Propuestas para recuperar la competitividad en infraestructura

El Consejo Privado de Competitividad plantea reformas clave para resolver estas ineficiencias:

  • Crear un marco normativo integral que regule la promoción de la inversión privada mediante APP, considerando la participación de los distintos actores en sus fases.
  • Sustituir los estudios de preinversión a nivel de perfil de las APP cofinanciadas por el informe de evaluación (IE).
  • Eliminar la opinión del MEF al IE solo a las APP gestionadas por ProInversión.
  • Diseñar una metodología para la habilitación de recursos para proyectos de inversión durante el transcurso del año fiscal.
  • Agregar proyectos de alto impacto, escalándolos mediante gatillos y utilizando las mejores prácticas internacionales.
  • Acreditar a evaluadores y empresas de ingeniería para contar con expedientes técnicos de calidad y permitir el uso de esquemas de adjudicación ágiles.
  • Establecer que la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) pueda intervenir a proyectos que se encuentren por culminar para acelerar el cierre de la inversión.

Perú tiene el potencial de mejorar su competitividad, pero necesita reformas estructurales que transformen cómo se planifica y ejecuta la inversión pública.

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