El Congreso debatirá una propuesta que restringe la participación privada en puertos estatales. Expertos advierten impactos negativos en inversiones y competitividad.
Hoy miércoles 21 de mayo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso discutirá un polémico proyecto de ley que podría modificar la estructura de gestión portuaria del país. El Proyecto de Ley N.° 9778/2024-CR busca limitar la participación de la inversión privada en la administración de terminales portuarios estatales.
Presentado por el congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre), el proyecto propone reformar la Ley del Sistema Portuario Nacional. La reforma impediría que las empresas privadas administren totalmente los puertos estatales. Solo se permitiría su participación bajo asociaciones público-privadas, con un límite de 40% de inversión privada y contratos de hasta 10 años, prorrogables una vez.
Según el predictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, la medida se basa en la importancia estratégica de los puertos para la soberanía nacional. El documento argumenta que el Estado debe tener el control directo para garantizar una gestión eficiente y alineada con intereses nacionales.
Rechazo técnico y legal a la propuesta legislativa
Diversas instituciones han manifestado serias objeciones frente a este proyecto. Ositrán, el regulador de infraestructura de transporte, advirtió que la iniciativa vulnera principios constitucionales al restringir la participación privada sin sustento técnico. Además, alertó que esto afectaría la competitividad del sistema portuario.
Por su parte, el Ministerio de Justicia determinó que la propuesta no es jurídicamente viable. Señaló que contraviene derechos fundamentales como la libre iniciativa privada, el pluralismo económico y la libertad de contratación. También cuestionó la creación de una Unidad de Fiscalización y Control, al considerar que carece de base legal adecuada.
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Sector privado: preocupación por impacto económico
El sector empresarial también expresó su rechazo. ComexPerú alertó que más del 85% del comercio exterior peruano se realiza por puertos concesionados. Gracias a la inversión privada, se han reducido los costos logísticos hasta en 30%, se han atraído más de US$ 2,200 millones en inversiones y se ha modernizado la infraestructura portuaria.
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) advirtió que replicar modelos estatales ineficientes, como los de Petroperú, generaría retrocesos. Señaló que la participación privada ha incrementado en 72% el manejo de carga suelta y duplicado el movimiento de contenedores desde 2011. Además, se han generado más de 50,000 empleos directos e indirectos en el sector.
Ambos gremios coinciden en que esta propuesta legislativa minaría la confianza de los inversionistas, afectaría contratos vigentes y pondría en riesgo la recuperación económica del país.