El cobro del peaje en Conchán fue suspendido tras un habeas corpus exitoso que reconoce la vulneración al derecho al libre tránsito en Lurín.
La reciente suspensión del peaje de Conchán marca un precedente legal importante. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín ordenó detener el cobro en esta unidad, operada por Rutas de Lima S.A.C., tras aceptar parcialmente un habeas corpus presentado por la Municipalidad de Lurín.
El alcalde Juan Marticorena Pérez explicó que esta sentencia reconoce que el peaje vulneraba el derecho al libre tránsito de los ciudadanos del distrito. A diferencia de los 39 habeas corpus rechazados desde 2019, este recurso logró resultados concretos.
Derecho al libre tránsito y rutas inadecuadas
Uno de los puntos clave de la decisión judicial fue la verificación in situ del tiempo que toma evitar el peaje. Según las inspecciones judiciales, un vecino podría demorar hasta una hora con 48 minutos al usar rutas alternas.
Estas vías presentan altos niveles de tráfico y no son adecuadas para el flujo diario. En palabras del alcalde Marticorena: “Un ciudadano que quería llegar de Lurín a la playa San Antonio debía atravesar media ciudad. Eso no es libertad de tránsito”.
Además, este argumento fue determinante para que el juzgado reconociera la desproporcionalidad en el cobro y la falta de alternativas viables.
Otros peajes siguen vigentes, pero habrá apelaciones
A pesar del fallo favorable en Conchán, los peajes de Arica y San Pedro no corrieron la misma suerte. La jueza consideró que, en esos casos, no se demostró la falta de rutas alternas adecuadas con la misma contundencia.
El alcalde anunció que la Municipalidad de Lurín apelará esta parte del fallo. “Tenemos dos días para apelar y lo haremos. Las rutas alternas no son viables. Cualquier vecino lo sabe”, afirmó con firmeza.
Implicancias políticas y lucha contra la corrupción
Desde la Municipalidad de Lima se celebró el fallo y se anunció su apoyo a la justicia en beneficio de los vecinos. Además, se reafirmó el compromiso del alcalde Rafael López Aliaga de enfrentar los contratos de concesión firmados en gestiones pasadas.
Diversos sectores calificaron la sentencia como un acto histórico que evidencia las irregularidades denunciadas desde hace años, especialmente las vinculadas a la exalcaldesa Susana Villarán y la empresa Odebrecht.