Destinan S/ 76 millones para ampliar penales en Arequipa y Pucallpa

Patio de penal del INPE                     
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Esta iniciativa busca reducir el hacinamiento carcelario y mejorar la infraestructura de los penales con una inversión de S/ 76 millones.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de S/ 76,5 millones al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para ampliar los penales de Arequipa y Pucallpa. La medida busca mejorar la infraestructura carcelaria y garantizar mejores condiciones de habitabilidad.

Decreto Supremo autoriza transferencia de fondos

A través del Decreto Supremo N.º 032-2025-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, el MEF aprobó la transferencia dentro del presupuesto del sector público para el 2025. Los recursos provienen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se destinarán exclusivamente a la ampliación de los penales.

La norma establece que las autoridades responsables deben desagregar los fondos dentro de los cinco días calendario posteriores a la entrada en vigencia del decreto. Además, prohíbe el uso de estos recursos para fines distintos a los estipulados.

Proyectos de ampliación penitenciaria

Los fondos financiarán dos proyectos principales. El primero es la ampliación de la capacidad de albergue y la construcción de áreas complementarias en el complejo penitenciario de Arequipa. El segundo consiste en la rehabilitación y ampliación integral del penal de Pucallpa.

Ambas iniciativas buscan reducir el hacinamiento carcelario y mejorar la infraestructura penitenciaria. Además, forman parte de un plan estratégico para modernizar el sistema penitenciario en el país.

Inversión en infraestructura carcelaria

Estos proyectos contribuyen a cumplir los lineamientos gubernamentales de modernización del sistema penitenciario. Entre ellos destacan la construcción de megapenales y nuevos centros de reclusión bajo estándares internacionales. También buscan mejorar las condiciones de vida de la población penitenciaria, garantizando espacios adecuados y servicios esenciales.



Con esta inversión, el Gobierno refuerza su compromiso con la seguridad y la infraestructura penitenciaria del país. Se espera que las mejoras impacten positivamente en la rehabilitación de los internos y en la reducción de la sobrepoblación carcelaria.

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