La iniciativa, que restituiría las facultades de los municipios para clausurar establecimientos con deficiencias de seguridad, surge tras la tragedia en el Real Plaza de Trujillo.
Luego de la tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza de Trujillo -donde el colapso de un techo dejó seis víctimas mortales y decenas de heridos-, se presentó en el Congreso de la República de Perú una iniciativa que derogaría el proyecto que modificó la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Ley N° 28976), la cual restringió la capacidad de los municipios para clausurar locales por incumplimientos de seguridad.
El proyecto de ley N° 10320, presentado por los congresistas del Bloque Democrático Popular, permitiría restituir las facultades que tenían los municipios para clausurar establecimientos que tuvieran deficiencias de seguridad.
Según indica la iniciativa legislativa, la finalidad del proyecto es no permitir autorizaciones de funcionamiento a establecimientos con fallas de seguridad. La actual ley limita la capacidad de las autoridades municipales para realizar inspecciones completas y garantizar la seguridad de la población.
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Como se recuerda, la norma vigente (Ley N° 31914) permite clausurar el área donde se identifique un riesgo, sin afectar el funcionamiento total del establecimiento. Sin embargo, esto reduce significativamente las inspecciones de seguridad en todo el negocio.
“Esto limita la capacidad de las autoridades para realizar inspecciones completas y garantizar la seguridad en todo el local. Además, la ley prohíbe que el levantamiento de la clausura dependa del pago de multas, lo que, aunque corrige una práctica común, no resuelve el problema de fondo: la falta de controles efectivos”, indican.
De acuerdo con la justificación, la tragedia ocurrida en Real Plaza de Trujillo pudo evitarse con mayores facultades municipales para fiscalizar y sancionar fallas estructurales. Como se recuerda, la Municipalidad de Trujillo clausuró temporalmente el centro comercial, pero esta reabrió con la Ley N° 31914.
“En el caso, especifico la falta de supervisión exhaustiva, no solo al momento de otorgar licencias sino en inspecciones periódicas, nos exige a evaluar temas relevantes sobre el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades municipales y Defensa Civil, la fiscalización por personal técnico capacitado, entre otros, la responsabilidad de la empresa administradora del centro comercial de garantizar la seguridad de los usuarios, identificando y mitigando riesgos”, añadieron.
En caso el proyecto de ley propuesto sea aprobado, entraría en vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. Asimismo, el Poder Ejecutivo tendría un plazo de 10 días para adecuar las disposiciones legales o administrativas que se opongan a la iniciativa.