La ejecución del presupuesto público ha alcanzado cifras récord, pero el desafío sigue siendo la calidad de la inversión y su impacto en la ciudadanía.
El sistema de inversión pública en el Perú ha evolucionado en los últimos 25 años, pasando del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) a InviertePE. Sin embargo, a pesar de los avances en ejecución presupuestaria, persisten desafíos estructurales que limitan la eficiencia y el impacto de las obras.
En una reciente entrevista con Perú Construye TV, Karla Gaviño, consultora y profesora de gestión pública en la Universidad del Pacífico, analizó las principales problemáticas del sector y propuso soluciones para optimizar la infraestructura en el país.
«El gobierno nos está anunciando que tiene cifras récord en ejecución presupuestaria, lo cual es correcto», afirmó Gaviño. No obstante, advirtió que «todavía hay aspectos pendientes de mejora», pues la atención no debe centrarse solo en los montos ejecutados, sino en si los proyectos realmente responden a las necesidades del país.
La especialista destacó la importancia de evaluar si la infraestructura financiada cumple con los estándares de calidad y si los servicios llegan adecuadamente a la población. «No es suficiente hablar solamente de ejecución monetaria para poder analizar si se está cumpliendo o no la finalidad de este sistema», recalcó, señalando áreas clave como el acceso a agua potable, salud, educación, carreteras y conectividad.
Falta de articulación
El caso del puente de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ilustra las fallas en la gestión de proyectos. «No es la infraestructura más complicada que ha tenido el país a su cargo, pero han pasado tantos ministros que han podido enfatizar el tema y no se ha solucionado», criticó Gaviño. Este tipo de problemas, señaló, refleja la falta de coordinación entre entidades estatales y la alta rotación de autoridades.
Para mejorar la eficiencia, la consultora recomendó fortalecer la articulación entre instituciones clave como la Contraloría, el sistema de Asociaciones Público-Privadas (APP), el sistema de contrataciones del Estado y los organismos encargados de permisos y liberación de interferencias. Además, resaltó la necesidad de implementar metodologías como BIM y PMO en proyectos de gran envergadura para optimizar la inversión, planificación y ejecución de obras.
Estrategias según el tipo de proyecto
Uno de los puntos clave para mejorar la inversión en infraestructura es elegir correctamente la modalidad de ejecución según las características del proyecto. “Por ejemplo, para proyectos grandes donde el país no cuenta con la especialización necesaria, herramientas como los convenios de gobierno a gobierno y las PMO resultan útiles”.
En cambio, agregó, para proyectos de largo plazo que requieren compartir riesgos y garantías de operación y mantenimiento, las APP son una alternativa sólida. “Finalmente, en obras de menor escala donde los gobiernos locales carecen de personal capacitado, se deben implementar estrategias flexibles para evitar demoras”, analizó.
Impacto de las elecciones electorales
El 2025 es un año preelectoral y, según Gaviño, esto influirá en la inversión pública. «Normalmente, un año electoral es un año donde tenemos de ambas cosas: una fuerte presión política y una politización de los proyectos de infraestructura», explicó.
En este contexto, se suelen acelerar obras con fines electorales, sacrificando la calidad por la rapidez. «Las consecuencias las sufre la ciudadanía», advirtió.
Además, mencionó que el apuro por crear el Ministerio de Infraestructura y la entrada en vigencia de nuevas normativas podrían generar incertidumbre entre los inversionistas.
Finalmente, Gaviño llamó a la ciudadanía a informarse sobre los proyectos que los candidatos prometen. «No debemos ser ciudadanos pasivos, sino preocuparnos por informarnos qué nos están ofreciendo», enfatizó.
El Perú enfrenta un desafío crucial en la optimización de su inversión pública. Si bien la ejecución presupuestaria ha mejorado, es fundamental garantizar que los proyectos respondan a necesidades reales, mejorar la coordinación entre entidades y adoptar estrategias de gestión adecuadas.