Este año, las ventas en el sector inmobiliario son alentadoras. Sin embargo, podrían ser mejores si se asumiera la promoción de la vivienda formal como una política de Estado prioritaria, que permita cerrar la brecha habitacional actual. Sobre este punto y las propuestas que recientemente ha planteado la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), conversamos con su Presidente Jose Espantoso.
¿Cuáles han sido estas propuestas que, como ASEI, han presentado al Ministerio de Vivienda?
Son varias, algunas van por el lado de la oferta y otras por la demanda. Para el primer caso -y a fin de producir más vivienda- necesitamos poner en práctica el Operador Público de Suelos, que
es una iniciativa de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.
Estamos convencidos de que el Estado puede ser promotor y poner a disposición terrenos con servicios básicos como agua, saneamiento, electricidad -que hoy en día pueden estar en manos
del Estado, de las comunidades campesinas o de privados- para que se desarrollen allí grandes complejos de vivienda, y así tener más suelo disponible para este tipo de proyectos.
Otra iniciativa es combatir drásticamente el tráfico ilegal de terrenos. Cuando hay un Estado ausente, estos traficantes llegan, lotizan un terreno y lo venden a familias que lo necesitan, las cuales terminan viviendo en precariedad durante 20 años, sin agua, ni saneamiento.
Y esto, a la larga, provoca una deuda social, porque el Estado va a tener que llevarle agua con conexiones domiciliarias, que terminan costando casi S/ 140 mil, es decir, el valor de dos módulos de Techo Propio. Ese sistema o modelo perverso es lo que tenemos que combatir.
¿De qué manera se puede erradicar?
De manera conjunta con la participación del Ministerio de Vivienda, los gremios inmobiliarios, el Ministerio del Interior, entre otros. Es necesario reactivar la división de inteligencia especializada para identificar y combatir a estas mafias.
No puede ser que, en Chancay, con el desarrollo inmobiliario estimado por el puerto, existan invasiones. Creemos que con esta división de inteligencia también se debería actuar respecto a las mafias que piden cupos a las obras y que incluso ya han cobrado la vida de dos ingenieros en Sullana. Si queremos incentivar más proyectos inmobiliarios, se debe dar mayor seguridad.
Otro tema es la falta de una legislación más madura y clara.
No es posible que estemos planificando ciudades con un plan metropolitano para Lima que data de 1990. Sé que se ha aprobado, en el 2022, un nuevo plan metropolitano con una mirada hacia el 2040 pero que no está puesto en práctica. Necesitamos un plan con sensuado entre las municipalidades provinciales y el Ministerio de Vivienda, para no caer en vacíos, como a los que se han estado cayendo, y que frena la inversión privada.
Tal es el caso del fallo -que dio el año pasado- el Tribunal Constitucional, en donde indica claramente que las municipalidades provinciales tienen las facultades de legislar en función de alturas y zonificación, y que el Ministerio de Vivienda tiene un rol promotor para legislar en
otras variables. Esto obliga a que ambos actores tienen que sentarse y tener un documento donde los desarrolladores inmobiliarios -que ponen su inversión- tengan las reglas de juego claras.
Lea la entrevista completa en la edición 91 de Perú Construye