Contratos relacionados con consultoría de obra, como la supervisión, elaboración de expedientes técnicos y ejecución, indicó el especialista en construcciones del Estado, Renzo Vernal.
El pleno del Congreso de la República aprobó la Ley General de Contrataciones Públicas, con disposiciones que permiten mejorar la contratación de bienes, servicios y obras para el cumplimiento oportuno de los fines públicos en beneficio de los ciudadanos.
Renzo Vernal, abogado especialista en construcciones del Estado, señaló que dicha ley incorpora la posibilidad de aplicar contractos estandarizados, relacionados con consultoría de obra, como la supervisión, elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obra.
«Esto es algo importante, porque se van a poder recoger las buenas prácticas en la industria, como los contratos FedEx o los contratos NEC (New Engineering Contract) que se utilizaron en los contratos gobierno a gobierno», comentó.
En el marco de los contratos gobierno a gobierno, el especialista dijo que se ha incrementado la posibilidad de que la entidad pueda probar prestaciones adicionales, ya no por el 15% sino por el 30%, y a partir del 31% pasa por la autorización de la Contraloría General de la República.
Asimismo, manifestó que se ha reducido la garantía que se ofrece al momento de presentar un recurso de apelación durante el proceso de selección o el concurso (licitación pública). «Lo cual para algunos es positivo porque lo que hace esta garantía en realidad es desincentivar estos recursos de apelación maliciosos, que dilatan la adjudicación del contrato», expresó.
«Un tema discutible que ya venía desde la época de Vizcarra con el Decreto de Urgencia, es que, para el caso de la presentación de medidas cautelares de parte de los contratistas, en los que evidentemente la entidad era parte, se exigía la presentación de una contra cautela, pero no a modo de declaración juratoria, es decir una declaración jurada donde yo asumo los daños que pueda generar en caso la medida cautelar o la decisión final sea revertida», afirmó.
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«Al respecto, lo que ha hecho la ley es, por un lado, establecer la contra cautela a manera de declaración juratoria, fijando un monto para la cuantía, la cuantía que se discute o se va a discutir en el proceso arbitral también tiene un monto fijado, y si se supera eso se presenta una carta fianza, pero en algunas controversias como la resolución del contrato es obligatorio la presentación de una contra cautela, una carta fianza a modo de contra cautela no menor al 10% del valor del contrato», precisó.
Obras por Impuestos
El abogado también especialista en Obras por Impuestos (OxI), dijo que ProInversión guarda la expectativa positiva de que este año se podría adjudicar alrededor de 50 proyectos OxI, por un valor aproximado de S/ 1100 millones.
«Si se adjudican todos los proyectos que están presupuestados, que ojalá que así sea, eso representaría más del 100% de lo que se adjudicó el año pasado, que fue alrededor de S/ 530 millones», manifestó.
En este sentido, destacó que la modalidad de OxI ha venido mejorando, con la ampliación de las fuentes de financiamiento y la posibilidad de recurrir a los recursos ordinarios como el Foncor (Fondo de Compensación Regional), donde los gobiernos regionales pueden ejecutar IOARR (Identificación de Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición) y no solamente proyectos de inversión.
Acerca de la paralización de obras, Renzo Vernal aclaró que la Contraloría emite todos los años informes que da cuenta sobre el status y las causas de la misma, y no es el arbitraje el causante de la paralización.
«La propia Contraloría ha reconocido que las principales causas o razones que llevan a las paralizaciones de obra, son fundamentalmente el incumplimiento de obligaciones contractuales y la falta o inyección de liquidez de parte de la entidad, porque finalmente el contratista, por ejemplo, en un contrato de obra, tiene costos directos, tiene gastos generales y tiene utilidad», concluyó.