El especialista en puertos afirmó que, de haberse firmado un contrato de concesión no habría discusión sobre la exclusividad de Cosco Shipping sobre los servicios esenciales del puerto de Chancay.
Ricardo Guimaray, consultor en puertos Puertos, Logística y APPs, indicó que existe un proyecto de ley que, de acuerdo a la norma busca sustentar la viabilidad del acuerdo sobre el puerto de Chancay.
Ello, en torno a la denuncia interpuesta por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), que busca declarar la nulidad del acuerdo que otorga al consorcio Cosco Shipping la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en el puerto de Chancay.
«Los proyectos de ley también tienen un camino y una serie de documentos sustentatorios, y más en este caso que se trata de un procedimiento tipo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), que debe cumplir con ciertas condiciones que manda la misma normativa del país», señaló.
«Entiendo que ya deben haber elaborado ese sustento y enviado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que proceda y lo eleven correctamente al Congreso…Si hubiera sido existido un contrato de concesión no habría discusión al respecto. Ahora solo resta esperar a que se le otorgue rapidez al caso», indicó.
Asimismo, comentó que entre los años 2010 y 2011 se inició el proyecto del puerto de Chancay, donde en un principio se incorporó como accionista a Volcan Compañía Minera y luego a Cosco Shipping.
Añadió que, en el 2021 solicitaron la habilitación portuaria que vendría a ser como una licencia de construcción (en este caso para la parte acuática). En esta instancia, presentaron un plan maestro y una serie de documentos para solicitar la viabilidad técnica temporal del proyecto.
«Se le da hasta por tres años para que hagan estudios más detallados en la zona, y con esta viabilidad técnica van a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) y hacen la reserva de uso de área acuática», sostuvo.
«Una vez hecho los estudios, solicitan la viabilidad técnica definitiva, que es por un lapso de dos años y solicitan en la Dicapi el área de uso acuático que es por 30 años en total. En estos 30 años tienen 2 años para solicitar la habilitación portuaria, ahí tienen que elaborar el estudio de impacto ambiental, el expediente técnico o estudio definitivo, el estudio de maniobras y una serie de estudios detallados, para ir nuevamente a la APN y pedir la habilitación portuaria para poder empezar a construir», detalló.
Agregó que, en este mismo año solicitaron adicionalmente a la APN la exclusividad en la prestación de servicios, tal como indica la norma. «Es entonces donde se genera la controversia, pues los funcionarios encargados de generar los informes y los documentos sustentatorios, decidieron que si era factible entregarle esta exclusividad», concluyó.
