El abogado especialista en contrataciones del Estado, Ernesto La Puente, señaló que en el primer expediente no se tomaron en cuenta ciertos requerimientos para asegurar la calidad del proyecto.
En entrevista con Perú Construye TV, el abogado especialista en contrataciones del Estado, Ernesto La Puente, sostuvo que el monto inicial de la obra, Nueva Carretera Central, se duplicó a más de 24 mil millones de soles porque se lograron identificar nuevas necesidades y requerimientos para su construcción.
“Tengo entendido que primero se ejecutó el expediente del proyecto en el gobierno regional de Junín. Y ahora se ha desarrollado con otros requerimientos, otras necesidades y otros estándares; es por ello que prácticamente se ha duplicado el precio. Habrá nuevas necesidades no vistas inicialmente pero que ahora sí son necesarias para tener la obra como corresponde”, manifestó.
Déficit en infraestructura
Sobre el déficit de infraestructura y la corrupción en instituciones dedicadas a este sector en el país, aclaró que, si bien existen estos problemas, lo titulares o presidentes no son los únicos responsables de estas malas gestiones, ya que detrás de ellos hay todo un equipo encargado.
“Todo el recurso humano, todas las áreas y lo órganos competentes tienen que poner de su parte y hacer su trabajo. Entonces, sea quien sea la persona que dirija la entidad tiene que estar acompañada del equipo idóneo y la probidad que debe acompañar a todo servidor y funcionario público”, mencionó.
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En ese sentido, consideró correcta la designación del economista Hernán Yaipén Aréstegui como Jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), como mérito a su experiencia en el sector público.
“Tengo entendido que ha sido Jefe de la Oficina de Planeamiento del Presupuesto de la PCM, entonces entiendo que tiene una amplia trayectoria y los requerimientos técnicos necesarios para cubrir el cargo. Y recordemos que ha sido parte de un concurso público de méritos para su nombramiento”, señaló el abogado.
Proyectos trabados
Además, el también socio fundador de CPI Legal opinó sobre las obras paralizadas de gobiernos regionales y municipales, de las cuales, según voceros del Ejecutivo, en promedio cada municipalidad cuenta con 78 proyectos trabados y, de estos, el 70% no se ejecuta desde hace tres años.
La Puente explicó que parte de la solución reside en las propias facultades que se le otorgó a la Autoridad Nacional de Infraestructura. “La ley de creación de la ANIN señala que se puede incorporar a su cartera de proyectos, aquellos proyectos embalsados, ya sea de gobiernos regionales y locales. Pueden contar con la aprobación vía decreto supremo de la PCM, para poder incorporarlos y justamente sea la ANIN que los ejecute», precisó.
Asimismo, añadió que, de presentarse problemas de expedientes técnicos o en los documentos necesarios, “se corrigen sobre la marcha. Es lo que dice la propia norma, nos da la solución para eso”, finalizó.