Según la Contraloría General de la República, en el país existen más de 1,700 obras paralizadas por cerca de S/ 24 mil millones, de los cuales resta por ejecutar la mitad.
“El 15.5% de las obras paralizadas responden a la falta de recursos financieros, el 13.3% están suspendidas por diversos incumplimientos contractuales, y solo el 3.9% están paralizadas por discrepancias, controversias y arbitrajes, según lo que las propias entidades han reportado”, señaló el Dr. Ricardo Gandolfo, abogado experto en contrataciones públicas.
En este sentido, el también autor de la primera Ley de Contrataciones del Estado indicó que “un primer mito que hay que derribar, es que son los arbitrajes los que generan la mayor cantidad de obras paralizadas”.
Por cifras de la Contraloría General de la República, se conoce que en el país existen más de 1,700 obras paralizadas por cerca de S/ 24 mil millones, de los cuales resta por ejecutar la mitad (alrededor de S/ 12 mil millones).
Arbitraje en obras públicas
El abogado Gandolfo lamentó que, durante un arbitraje en curso, se mantengan congeladas las fianzas que ha puesto el contratista, iniciando así un costo innecesario que nadie devuelve posteriormente.
En este sentido, sugirió acelerar la liberación de fianzas al igual que la entrega de certificados, pues este último tiene una vigencia aproximada de 10 años, de los cuales al contratista le suele ser de utilidad entre 2 a 3 años, debido a la demora.
Asimismo, mencionó que en muchos arbitrajes se discuten decisiones que deben tomar los funcionarios públicos. Decisiones que evitan tomar por temor a las represalias de parte de los órganos de control.
“Entonces, eso hay que desterrar, es otro mito que hay que erradicar, y hay que empoderar al funcionario público para que tome decisiones por el bien del país, y evitar de esa manera tantas obras paralizadas”, enfatizó.
En otro momento, destacó la importancia de la renovación del Registro Nacional de Árbitros que existe en el OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado), el cual vence este 30 de junio y, de no renovarse puede ocasionar que las entidades del estado se queden sin árbitros para designar.