Miguel Honores, Presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL

Una vez más, el país y la construcción se encuentran en un escenario de incertidumbre marcado por una inestabilidad política y alza de precios en los materiales de construcción, lo que ha llevado a que el crecimiento del sector sea muy bajo este 2022. Ante ello, conversamos con el Representante del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, quien espera que para el 2023 se genere mayor confianza y se destraben los proyectos que llevan años paralizados.

¿Cómo se ha comportado el sector construcción este año?

Haciendo un balance objetivo, creo que hemos pasado por momentos de altibajos. Hubo meses en el que la expectativa nos llevó a creer y que podíamos empezar a reactivar el sector y, otros en que esas expectativas se cayeron como consecuencia de la situación política que vivimos y que genera desconfianza e incertidumbre. Entonces, esto nos lleva a un resultado muy bajo en el crecimiento del sector de la construcción.

Que no es lo que se esperaba para este 2022 que se va, tras reanudar nuevamente las actividades después de la pandemia.

Efectivamente, tomando en cuenta la economía y el sector construcción, en particular, tuvo un crecimiento importante en el 2021. Pensábamos que este año podría, obviamente no repetir lo del 2021,
pero sí por lo menos llegar a un crecimiento de 4.5 % o 4.8 %. Sin embargo, esa expectativa no se va a dar, definitivamente.

Creo que podríamos llegar a 2.6 %, aproximadamente. Esa expectativa también estuvo centrada -de alguna manera- a la ejecución de proyectos que se suele realizar en el año de elecciones municipales
y regionales, lo que no se dio en la cantidad que se esperaba o cuyos proyectos ejecutados no han logrado un importante aporte al crecimiento.

Mucho se habla de la Ley de Contrataciones del Estado y que esta no funciona para el tema de obras de infraestructura. En ese caso, ¿Qué modificaciones se podrían hacer?

La Ley de Contrataciones del Estado no funciona por muchos motivos, es muy burocrática, al hacer que las obras se traben con mucha facilidad, precisamente, por una suma de reglamentaciones que al
final terminan haciendo que las obras se paralicen.

Como consecuencia de esto, tenemos -según cifras de la Contraloría General de la República- alrededor de 2,360 obras públicas paralizadas con un monto de inversión que llega a los 30 mil millones de soles. Son obras de diversos tipos y de diferentes niveles de Gobierno, y la mayor parte está en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), mientras tanto las otras pertenecen a los gobiernos regionales y municipales.

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