Capeco y Ftccp firman un pacto de construcción por un Perú Mejor

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción  (CAPECO), en representación de los trabajadores y de los empresarios de la actividad constructora nacional, han  acordado la suscripción de un Pacto por la construcción de un Perú mejor, con la finalidad de impulsar una profunda reforma de las políticas públicas relacionadas con la vivienda, la infraestructura y el desarrollo territorial, condición indispensable para que nuestro país pueda alcanzar el arrollo sostenible. 

La pandemia  ha puesto en evidencia, una vez más, la grave disfuncionalidad de nuestras ciudades, el alto déficit de infraestructura, las consecuencias de la ocupación irregular del suelo y la producción informal de viviendas, la incapacidad del régimen para proveer bienes y servicios básicos de calidad y la inexistencia de mecanismos eficientes y transparentes para facilitar la colaboración entre actores públicos y privados.  Asimismo, el enfrentamiento político ha impedido llevar estos retos de forma consensuada y bajo la perspectiva de políticas de gobierno que trascienden las gestiones gubernamentales.

Hace diecinueve años, la FTCCP y CAPECO lograron  establecer una relación de diálogo abierto y franco que ha permitido alcanzar mejoras  en las condiciones de vida de los trabajadores de construcción y ha promovido conjuntamente la paz laboral en la actividad constructora, a nivel nacional. 

Desde el año 2015, ambas entidades han venido proponiendo soluciones integrales a los problemas que afectan a la construcción, y cuya persistencia ha impedido que Perú logre mayores niveles de competitividad productiva y que el bienestar social alcance a todos los peruanos. 

El compromiso de impulsar este Pacto que debe incluir medidas concretas y articuladas para alcanzar los  objetivos como la descentralización del proceso de planificación territorial, así como la mejor articulación entre los mega-proyectos productivos y de infraestructura con los objetivos de desarrollo territorial y de bienestar de la población, mediante el fortalecimiento del CEPLAN y la conformación de unidades autónomas de planeamiento macro-regional.

Asimismo,al impulso a la planificación urbano-territorial, el sistema de catastros y la provisión de suelo formal, tanto público como privado, para la producción de vivienda, especialmente social, y de equipamientos urbanos. Y la articulación de inversiones en infraestructura y servicios públicos, especialmente de agua y desagüe, con los objetivos de desarrollo urbano formal y de generación de oferta de vivienda, especialmente de aquella dirigida a la población de menores ingresos. 

Añadieron la adopción de un nuevo modelo de gestión de obras públicas que permita una adecuada priorización de inversiones y la introducción de mecanismos de contratación y control más eficientes y transparentes, así como un mejor desempeño de las infraestructuras y equipamiento. 

Por otro lado, el fortalecimiento de los programas estatales de subsidios y créditos habitacionales, dotándolos de recursos suficientes para atender de manera efectiva el déficit actual y la demanda futura de vivienda social tanto en áreas urbanas como rurales. 

Del mismo modo, la puesta en marcha de una política de innovación e investigación en la actividad constructora, que estimule el empleo de tecnologías que permitan contar con edificaciones e infraestructuras apropiadas en términos económicos, sociales y ambientales.

El perfeccionamiento de los procedimientos administrativos de urbanización y edificación, así como la coordinación de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, buscando promover la calidad y la seguridad de las construcciones. Y el  incremento de ingresos municipales, especialmente del impuesto predial, mediante mecanismos más equitativos e incentivos para pagar obligaciones tributarias.

También, el fomento de la formalización laboral, el fortalecimiento de la representación sindical y la mejora continua de competencias de empresas, profesionales y trabajadores de la construcción.

Y el último objetivo es la creación de espacios institucionalizados para un diálogo público-privado transparente y que permita la continuidad y el mejoramiento de políticas y planes estatales.

Para cumplir este pacto se requerirá la modificación de una parte sustantiva del marco legal, normativo y administrativo que rige el desarrollo territorial, la vivienda y la construcción.

Por lo que resulta indispensable un debate amplio y transparente, así como un compromiso de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de la sociedad civil, en el marco del Acuerdo Nacional, para llegar a compromisos mutuos que garanticen la continuidad y legitimidad de estas iniciativas.