Nueva Ley de Desarrollo Urbano permitirá producir más vivienda de interés social

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solangel Fernández Huanqui, presentó ante la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República el anteproyecto de Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, propuesta que tiene como objetivo legislar sobre los principios, lineamientos, instrumentos y normas que regulan el acondicionamiento territorial, la planificación urbana y el uso y gestión del suelo urbano, a efectos de lograr un desarrollo urbano sostenible.

“Esta Ley busca cambiar la dinámica de crecimiento urbano de los últimos 20 años, en donde el 93% del crecimiento de las ciudades ha sido informal, ampliando las brechas de desigualdad urbana y vulnerabilidad social”, refirió Fernández Huanqui.

La propuesta del MVCS regula nuevos instrumentos de gestión para cubrir la demanda de vivienda a nivel nacional haciendo uso eficiente y productivo del suelo. Dentro de los instrumentos se incluye a la zonificación inclusiva, que propone la inclusión de vivienda de interés social en nuevas habilitaciones urbanas residenciales y a la vez que proporciona incentivos en edificabilidad o parámetros urbanísticos en las nuevas edificaciones que incluyan vivienda de interés social.

Otros instrumentos apuntan a que el gobierno local recaude parte del mayor valor que es generado por las actuaciones urbanísticas estatales para financiar proyectos de infraestructura urbana, espacios públicos y la promoción de vivienda de interés social.

Por otro lado, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de suelo urbano para la producción de viviendas y especialmente de vivienda de interés social, se introducen instrumentos de desarrollo obligatorio y prioritario que fijan tasas de impuesto predial diferenciadas en terrenos estratégicos no urbanizados o no edificados.

Y como parte de la propuesta se encuentra la creación del Operador Público del Suelo, que es una empresa estatal de derecho privado para la gestión eficiente de los terrenos de propiedad del Estado, a efectos de que sean destinados a vivienda de interés social y otros fines de utilidad pública.
Sobre la zonificación inclusiva, la titular del Sector destacó que la propuesta normativa, que se encuentra en etapa de socialización, incluye la obligación de destinar un porcentaje a vivienda de interés social a los proyectos de renovación urbana y reurbanización en los que participen los gobiernos locales.

“También hemos creado la vivienda de interés social de tipo prioritario, destinada a los sectores más pobres de la población, a fin de darle visibilidad y que las políticas públicas se orienten a satisfacer la necesidad de dicho tipo de vivienda”, indicó Fernández.

Operador Público del Suelo
En cuanto al Operador Público del Suelo, la propuesta del MVCS plantea que el Fondo Mivivienda, empresa adscrita al Sector, asuma las funciones de Operador Público del Suelo y participe de forma integral en el proceso de generación de vivienda de interés social, integrando suelo para la producción de vivienda de interés social y de interés social prioritario y otorgando los subsidios y bonos sobre los proyectos de vivienda que se desarrollen en dicho suelo.

Planificación del desarrollo urbano
En cuanto a planificación y desarrollo urbano, la ministra explicó que el anteproyecto de ley establece la obligación de las municipalidades de emitir y mantener actualizados los instrumentos de planificación, limitando su actuación al contenido de los planes vigentes. Además, se articula la zonificación con los Planes de Desarrollo Urbano, restringiendo los cambios de zonificación que se hacen de manera puntual y desarticulada, para que se integre a las actualizaciones de los planes correspondientes.

Fernández Huanqui recalcó que la propuesta de Ley busca regular el acondicionamiento territorial, la planificación y el uso y gestión del suelo para lograr un desarrollo urbano sostenible e inclusivo. Su finalidad es orientar el desarrollo de ciudades y centros poblados inclusivos, ordenados, seguros y sostenibles para todos los ciudadanos, refirió.

En ese sentido, la ley obliga a los gobiernos locales a reconocer zonas de riesgos en sus instrumentos de planificación, y otorga un papel más activo al MVCS para que pueda declarar zonas de riesgo y formular y ejecutar planes de reasentamiento poblacional, en caso ello no sea realizado por los gobiernos locales.